La violencia obstétrica es una forma específica de violencia institucional y de género que ocurre en el ámbito de la atención durante la gestación, parto y posparto. Reconocida por organismos internacionales como una violación de los derechos humanos, esta violencia compromete la salud física, mental y emocional de mujeres y personas gestantes, vulnerando su autonomía, dignidad y seguridad en momentos de extrema sensibilidad.
El contexto actual de la violencia obstétrica en Costa Rica y el mundo
En Costa Rica, la violencia obstétrica es un fenómeno ampliamente reportado pero históricamente invisibilizado. Según el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), 9 de cada 10 mujeres han experimentado alguna forma de violencia obstétrica durante su atención perinatal, ya sea mediante prácticas invasivas sin consentimiento, desinformación, trato deshumanizado o negligencia (1).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que muchas prácticas comunes en los entornos obstétricos, como las cesáreas sin justificación médica, episiotomías rutinarias y la maniobra de Kristeller, constituyen una violación de los derechos humanos cuando se realizan sin el consentimiento informado y respetuoso de la mujer (2).
El informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer resalta que la violencia obstétrica es una de las formas más comunes de violencia institucional, ejercida tanto por acción directa como por omisión, negligencia o trato despectivo, y señala su asociación con estructuras jerárquicas, androcentristas y tecnocráticas en los servicios de salud (3).
La Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y el Nacimiento (RELACAHUPAN) ha señalado que esta forma de violencia está tan normalizada que incluso es invisibilizada por los equipos de salud, lo cual impide una transformación estructural (4).
Desde una perspectiva de derechos humanos, la psiquiatra perinatal Ibone Olza enfatiza que el parto no es un acto clínico aislado, sino una experiencia neurobiológica, emocional y vincular, cuyo impacto afecta tanto a la madre como al bebé. La violencia obstétrica, por tanto, compromete no solo el bienestar físico de la madre, sino también el neurodesarrollo del recién nacido y el establecimiento del vínculo temprano (5).
Marco internacional: ONU Mujeres y UNFPA
Tanto ONU Mujeres como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han denunciado la violencia obstétrica como una grave violación de los derechos humanos. Ambas agencias han desarrollado acciones concretas para visibilizarla y erradicarla.
ONU Mujeres destaca que se trata de una manifestación de violencia de género institucionalizada, ejercida dentro de contextos médicos y hospitalarios, vinculada a la subordinación estructural de las mujeres y a relaciones de poder desiguales en los servicios de salud. Su informe Panorama legal para la eliminación de la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe reconoce que esta violencia abarca no solo el parto, sino también el acceso a anticoncepción, planificación familiar y aborto (6).
Citas textuales destacadas de ONU Mujeres:
“La violencia obstétrica es una forma de violencia de género ejercida en los servicios de salud, que refleja y reproduce las relaciones de poder desiguales entre mujeres y personal médico” (6).
“Esta violencia se manifiesta en la falta de respeto, la desinformación, la medicalización innecesaria, la negación del acompañamiento, la humillación y el uso de prácticas invasivas sin consentimiento” (6).
“Los marcos jurídicos que visibilizan y sancionan la violencia obstétrica aún son escasos en América Latina, y cuando existen, rara vez se implementan de manera efectiva” (6).
UNFPA estima que el 43% de las mujeres en América Latina ha experimentado violencia obstétrica, incluyendo intervenciones médicas sin consentimiento (7). Para enfrentar esta realidad, el organismo ha promovido capacitaciones en derechos humanos y liderazgo dirigidas a parteras en países como Brasil, Colombia y México. Además, ha elaborado manuales y protocolos que orientan la atención obstétrica respetuosa, como el Manual de Buenas Prácticas para la Prevención de la Violencia Gineco-Obstétrica en Ecuador (7).
Citas textuales destacadas de UNFPA:
“El miedo al parto no debería formar parte de la experiencia de nacimiento” (7).
“La violencia obstétrica es una de las formas más comunes de violencia institucional contra las mujeres, especialmente en contextos marcados por la desigualdad” (7).
“La atención al parto debe centrarse en las mujeres, respetar sus decisiones y ofrecer cuidados seguros, basados en evidencia, libres de prácticas nocivas y coercitivas” (7).
“Promovemos modelos de atención respetuosa del parto mediante la capacitación de parteras, la transformación de los servicios de salud y la formulación de políticas públicas sensibles al género” (7).
Estadísticas comparativas de América Latina
Panamá. Desde 2013, la violencia obstétrica es reconocida por la Ley 82. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México ha señalado que la ausencia de protocolos claros y la baja capacitación en derechos humanos obstaculizan su implementación efectiva. Entre 1998 y 2022, el Ministerio de Salud registró 1,026 muertes maternas, de las cuales el 61.2% fueron atribuibles a causas obstétricas directas (8, 9).
Guatemala. Un informe realizado por Medicus Mundi Bizkaia y organizaciones locales documenta prácticas deshumanizantes, especialmente hacia mujeres indígenas, incluyendo abuso de medicación, patologización del parto y negación de autonomía. Además, entre 2018 y 2024, el RENAP reportó 14,696 nacimientos en niñas menores de 15 años, lo que revela una crisis estructural relacionada con violencia sexual e inaccesibilidad a servicios de salud reproductiva (10, 11).
Nicaragua. En 2024, el Ministerio de Salud implementó talleres para fortalecer la vigilancia obstétrica a través del uso del partograma, con apoyo de OPS. Sin embargo, en 2025, el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó al Estado nicaragüense por obligar a dos niñas víctimas de violación a continuar embarazos forzados, exigiendo reformas legales y reparación integral (12, 13).
Argentina: El 37.2% de mujeres reportó maltrato durante el parto (14). Otro estudio revela que el 82% no fue consultada sobre intervenciones y el 60% no recibió información sobre episiotomía o inducción (14).
Brasil: 25% de mujeres ha vivido violencia obstétrica; esta cifra se eleva en mujeres indígenas y afrodescendientes, según la Fundación Perseu Abramo y SESC (6).
México: ENDIREH 2016 reporta que el 33.4% de mujeres ha sufrido violencia obstétrica, cifra que asciende a 38.3% en hospitales públicos (7).
Chile: el 65% de las mujeres ha vivido alguna forma de violencia obstétrica. El Centro de Derechos Reproductivos destaca que “la falta de formación en derechos humanos en el personal de salud contribuye a la perpetuación de estas prácticas” [18].
Venezuela: Un estudio de 2018 encontró que el 48% de mujeres en hospitales públicos reportaron prácticas abusivas, incluyendo amenazas, tactos repetidos y separación forzada del recién nacido (8).
Colombia: Aunque no hay una encuesta nacional, el Observatorio de Equidad de Género considera la violencia obstétrica un “problema sistemático y persistente”, especialmente contra mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes.
Los datos expuestos confirman que la violencia obstétrica en América Latina no es una anomalía ni una práctica residual. Es una expresión estructural de sistemas de salud que perpetúan desigualdades de género, etnia y clase. La erradicación de esta violencia requiere una transformación profunda que atraviese la formación médica, los protocolos institucionales y los marcos normativos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado a reconocer casos de violencia obstétrica como violaciones a los derechos humanos. Uno de los fallos más emblemáticos fue el caso de Cristina Brítez en Argentina, en el cual se determinó la responsabilidad del Estado por negligencia y trato inadecuado durante su embarazo de riesgo [17].
Expertas como la psiquiatra perinatal Ibone Olza insisten en que la violencia obstétrica tiene efectos duraderos no solo en la salud mental de las madres, sino también en la relación vincular con sus hijos. “No podemos seguir viendo el parto como un acto quirúrgico programado; es un proceso fisiológico, sexual y emocional que necesita ser respetado para que no se convierta en una experiencia traumática” [5].
La evidencia es contundente. La violencia obstétrica es una crisis ética, sanitaria y de derechos humanos.
Su prevención exige:
Reformas en la formación de profesionales de la salud con enfoque de derechos.
Protocolos institucionales basados en el consentimiento informado.
Espacios seguros de denuncia para las mujeres.
Auditorías permanentes de prácticas obstétricas.
En palabras del UNFPA, “el parto debe ser una experiencia segura, digna y positiva para todas las mujeres, sin excepción” [16]. Los sistemas de salud tienen la responsabilidad de garantizarlo.
Resulta imperativo garantizar el consentimiento informado como derecho básico, habilitar mecanismos eficaces de denuncia y reparación, y fortalecer una cultura sanitaria basada en el respeto, la empatía y la autonomía de las mujeres y personas gestantes.
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Dra. Marianela Hernández Chaves
Especialista en parto fisiológico y emergencias obstétricas
Especialista en lactancia materna
Educadora perinatal
Referencias
1.INAMU. Estudio sobre violencia obstétrica en Costa Rica. Instituto Nacional de las Mujeres; 2021.
2.World Health Organization. WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: WHO; 2018.
3.United Nations Human Rights Council. Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences. A/HRC/32/42; 2016.
4.RELACAHUPAN. Declaración sobre la violencia obstétrica. Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y el Nacimiento; 2015.
5.Olza I. Parir: El poder del parto. Madrid: Obstare Ediciones; 2019.
6.Fundação Perseu Abramo, SESC. Mulheres brasileiras e gênero nos espaços públicos e privados. São Paulo; 2010.
7.United Nations Population Fund (UNFPA). No más miedo al parto en América Latina. 2023.
8.Ministerio de Salud de Panamá. Informe de mortalidad materna 1998–2022. MINSA; 2023.
9.Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Informe Anual 2023.
10.Medicus Mundi Bizkaia. Estudio sobre violencia obstétrica en Guatemala; 2024.
11.Human Rights Watch. Forzadas a renunciar a sus sueños. Guatemala; 2025.
12.PAHO. Ministerio de Salud de Nicaragua fortalece competencias del personal en vigilancia obstétrica. OPS; 2024.
13.El País. Las niñas de América Latina lograron que la ONU reconozca su derecho a no ser madres. 2025.
14.Ministerio de Salud de Argentina; ONG Mujeres x Mujeres. Encuestas sobre violencia obstétrica; 2014–2015.
15.Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres. Informe sobre violencia obstétrica en Venezuela; 2018.
16.UNFPA. “No más miedo al parto en América Latina”. Fondo de Población de Naciones Unidas; 2023. https://www.unfpa.org/es.
17.Corte IDH. Sentencia sobre el caso Brítez c. Argentina. Corte Interamericana de Derechos Humanos; 2023
18.Center for Reproductive Rights. “Estados deben cumplir con obligaciones para erradicar violencia obstétrica”; 2023.